NORMAS CONFLICTIVAS EN LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL, CAP. N° 2

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Seguridad y Orden Público:

Resumen: Las normas aprobadas por el Pleno en materias de seguridad y orden público, debilitan la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y el terrorismo, al eliminarse el estado de emergencia, debilitar a las policías y no condenar expresamente el terrorismo en la Constitución. Por otro lado, se establecen normas que permiten a asesinos, terroristas y narcotraficantes votar y optar por cargos públicos y que abren la puerta para el ingreso de delincuentes internacionales al país.
Así, con todas estas medidas nos alejamos de la vía que condena la violencia y nos acercamos a la que la legitima.
Normas conflictivas:
1. Se elimina el Estado de Emergencia, utilizado en la macrozona sur, para los casos de grave alteración al orden público o grave daño para la seguridad de la nación. La falta de esta herramienta puede implicar un desequilibrio de fuerzas entre las policías, como fuerzas de orden, y aquellas fuerzas paramilitares o grupos organizados que buscan descontrolar el orden público.

2. Se debilitan las policías.
2.1 Pierden la función de garantizar el orden público, labor que es eliminada de la Constitución.
2.2 Se debilita su independencia, al aumentar la injerencia del Congreso sobre las policías (Artículo 88. Artículo 18: Artículo 18 – “Conducción de la Seguridad Pública y Política Nacional de Seguridad Pública. A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde la conducción de la seguridad pública a través del ministerio correspondiente. La disposición, organización y criterios de distribución de las policías se establecerá en la Política Nacional de Seguridad Pública. La ley regulará la vigencia, alcances y mecanismos de elaboración y aprobación de dicha política, la que deberá comprender la perspectiva de género y de interculturalidad, y el pleno respeto al derecho internacional y los derechos fundamentales.”)

(i) El Congreso de Diputadas y Diputados, por la mayoría simple de sus miembros, definirá la aplicación de lo que se entienda por “jefatura máxima de las fuerzas de seguridad pública” por parte del Presidente, “conducción de la seguridad pública” y el rol de las policías en la Política Nacional de Seguridad Pública. Adicionalmente, a través de una ley, se deberá definir cuáles y cuantas serán las policías y que funciones le corresponderán a cada una de estas, las cuales no podrán tener carácter militar.
(ii) La Cámara de Diputados tiene la atribución de acusar constitucionalmente a “generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado.”

2.3 Se elimina el carácter militar de Carabineros: Existen policías de carácter militar en España, Italia, Brasil, etc. Eliminar esta característica de Carabineros de Chile debilita la capacidad operativa de la policía con mayor despliegue territorial del país, especialmente en la tarea de enfrentar delincuentes cada día más violentos.

2.4 Se abre la puerta a la creación de nuevas fuerzas de seguridad autorizadas a utilizar armas y cuyos propósitos los definirá la mayoría política de turno. Al no precisarse, a nivel constitucional, que las policías del país corresponden a Carabineros y la PDI.

3. Se rechazaron aquellas propuestas que condenaban el terrorismo en todas sus formas, y que establecían que, por esencia, este es contrario a los Derechos Humanos, eliminándolo de la Constitución.

4. Se rechazó la creación de una Defensoría de las Victimas.
Las víctimas suelen ser las más afectadas en los procesos penales. Carecen de defensorías gratuitas y, generalmente, deben someterse siempre a la representación de parte del Ministerio Público. Una garantía del debido proceso es que las personas puedan también participar de él por intermedio de abogados o defensores que representen de mejor manera sus intereses y, muchas veces, un abogado querellante en la mejor opción para las víctimas.
Resulta extraño que se haya rechazado la Defensoría de las víctimas. Órgano especializado que podría haber sido un real contrapeso con la Defensoría Penal Pública.
Se establece un Servicio Integral de Acceso a la Justicia perno no determina ni su organización ni sus áreas de atención. Todo se remite a la ley, sólo se establece una mejora al establecerse como un servicio entregado por abogados, pero no se especializa en temas penales.
Esto contrasta con la Defensoría Penal Pública, en la que se determina con detalle su función especializada “en la defensa penal de los imputados”.

5. Se eliminó la pérdida de ciudadanía y derechos políticos por pena aflictiva o condena por delito terrorista, permitiendo que delincuentes puedan votar y postular a cargos de representación.
Los delincuentes que hayan cometido delitos graves, como homicidio, narcotráfico o terrorismo, podrán votar e incluso ser candidatos a cargos de representación popular, aun mientras estén cumplimiento su condena. Lo anterior porque la Constitución de la Convención eliminó las causales de pérdida de ciudadanía y derechos políticos por pena aflictiva, esto es, por condenas mayores a tres años y un día, y por delitos terroristas.
Si bien, el artículo 83.- Artículo 13 del Borrador (“No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley”) prohíbe la postulación a cargos públicos o de elección de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y aquellos vinculados a corrupción, nada dice respecto a delitos graves como el homicidio, narcotráfico o el terrorismo, dejando a los políticos de turno la posibilidad de prohibirlos.

Actualmente, el Código Penal, en sus artículos 28, 29 y 30, dispone que:

• Los condenados a una pena desde 5 años y un día a 20 años, pierden sus derechos políticos y quedan inhabilitados para cargos públicos de forma perpetua.
• Los condenados a una pena desde 3 años y 1 día a 5 años, pierden sus derechos políticos y quedan inhabilitados mientras dure su condena.
• A los condenados a una pena desde 1 día a 3 años se les suspende el ejercicio su cargo público.
Adicionalmente, el Estado deberá asegurar que todos ellos puedan votar, incluso desde las cárceles, y promover, preferentemente, sus derechos ciudadanos6.
6. Se estableció el principio de no devolución de forma absoluta, abriendo la puerta para que delincuentes que representan una amenaza para la seguridad del país, soliciten refugio.
Basta que una persona, independiente de su prontuario delictivo, declare que se encuentra en riesgo o que está amenazada su vida o integridad física y solicite refugio, para que no se pueda impedir su ingreso a Chile ni tramitar su expulsión, aun cuando sea una amenaza para la seguridad de nuestro país o cuente con graves antecedentes penales.
Esto es totalmente atípico, porque ningún país del mundo tiene el principio de no devolución de forma absoluta, justamente porque impide rechazar en la frontera a los delincuentes. Incluso, la Convención sobre el Estatutos de los Refugiados, contempla como excepción el peligro para la seguridad o comunidad del país.
Tanto en la Ley N° 20.430 actual, como en su reglamento (Decreto N° 837), se contempla el principio internacional de no devolución, pero al mismo tiempo, el artículo 5 de la ley permite la expulsión “cuando razones de seguridad nacional o de orden público así lo justifiquen”, impidiendo que Chile se llene de delincuentes.

(TRANSCRITO DE https://linktr.ee/otraconstitucion)

CUANDO DE DEFENDER LA PATRIA SE TRATA, TODO VALE

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