AMÉRICA/GUATEMALA – Las “Casas del Migrante” corren peligro de cierre: Red Clamor apoya a los Obispos en su petición de cambiar la norma

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Ciudad del Guatemala – Las organizaciones de la Iglesia Católica que en América Latina forman la Red Clamor, comprometidas en el campo de las migraciones, los refugiados, la trata de personas y los desplazados, expresan su solidaridad con la Conferencia Episcopal de Guatemala, que en el mensaje conclusivo de la última Asamblea General Anual, ha citado con preocupación las nuevas disposiciones del Estado que ponen en peligro el servicio de las Casas del Migrante gestionadas por la Iglesia . Los Obispos han pedido que se modifiquen las disposiciones contenidas en el artículo 101 del Acuerdo de la Autoridad Nacional de Migración No. 7-2019.
“Respaldamos la propuesta de modificación al mencionado artículo que la Iglesia de Guatemala ha presentado a la Autoridad Migratoria, a través de la Pastoral de la Movilidad Humana – afirma Red Clamor -. Como organizaciones que trabajamos con personas en Movilidad Forzada en 22 países de América Latina nos preocupa que las obligaciones que intentan imponer a las Casas del Migrante en Guatemala atenten contra el derecho a la privacidad de los datos personales de los migrantes hospedados, desacreditándolas como centros dignos de confianza”. Red Clamor subraya que los servicios prestados por las Casas del Migrante en Gustemala “son gratuitos y fundamentales para decenas de miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad y sin recursos para cubrir costos de alojamiento”.
Las organizaciones que forman la Red Clamor reiteran la demanda realizada en varias ocasiones a las autoridades migratorias de la región para que diseñen e implementen “políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos”. Piden que estas políticas se orienten a ampliar las vías legales para “garantizar una migración ordenada, segura y regular”, según el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, suscrito por los gobiernos latinoamericanos, “evitando así que las personas migrantes sean presa de las redes criminales internacionales de trata y tráfico de personas”.
Según la información recogida por la Agencia Fides, la Iglesia católica gestiona nueve Casas del Migrante en el país, que asisten a unos 25.000 migrantes al año, en su mayoría personas que tratan de emigrar irregularmente a otro país en busca de mejores condiciones de vida. Según la nueva normativa, quienes acogen a quienes pretenden emigrar irregularmente a otro país cometen un delito de tráfico ilegal de personas, por lo que el servicio de las Casas del Migrante se ve seriamente comprometido debido a los requisitos establecidos por el Estado. La Conferencia Episcopal ha declarado en su mensaje de clausura de la Reunión Anual: “Expresamos nuestra disconformidad con lo solicitado, ya que consideramos que nuestras casas de inmigrantes deben mantenerse como un servicio de caridad respetuoso y gratuito. La aplicación estricta de la normativa lo impediría y nos obligaría a cerrarlas”.
El artículo 101 del Acuerdo exige que las instalaciones dispongan de un expediente individual de cada extranjero que contenga, como mínimo, lo siguiente: Documento de identificación personal; Datos biográficos y biométricos de los extranjeros; Estudio médico, psicológico, económico y social. Estos datos deben ser enviados electrónicamente todos los días a la Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes. También deben enviarse por escrito, cada mes, dentro de los cinco primeros días del mes inmediatamente posterior.
La Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal ha propuesto a las autoridades una enmienda a este artículo, para simplificar los requisitos de atención a los emigrantes, de la siguiente manera: “La Subdirección de Atención y Protección de los Derechos Fundamentales de los Migrantes podrá solicitar periódicamente informes y datos estadísticos sobre las personas atendidas con el fin de desarrollar políticas migratorias. El periodo de registro de cada centro de acogida no podrá ser superior a seis meses; si no cumple las normas, no podrá seguir funcionando”.

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