AMÉRICA/BOLIVIA – Los obispos piden “que acabe el hostigamiento entre hermanos y respeto y garantías para quién no está de acuerdo con los gobernantes”

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Cochabamba – “Pedimos, en el nombre de Dios, que acabe el hostigamiento entre hermanos bolivianos, y exhortamos, a quienes están llamados a hacerlo que abran espacios auténticos de diálogo, tolerancia y reconciliación, que reaviven la fraternidad entre todos. Pedimos también respeto y garantías para quienes en justicia y derecho disienten de la visión de quienes nos gobiernan para que no sean víctimas de persecución y del uso inapropiado de la justicia. Instamos a las “Fuerzas del orden” que no sean factores de enfrentamiento y violencia sino que actúen conforme a su misión, protegiendo a la población en su conjunto”. Este es el llamamiento que los Obispos de Bolivia hacen en el mensaje publicado al final de la 60ª Asamblea de la Conferencia Episcopal , dirigiéndose al pueblo boliviano, “especialmente a los que sufren, están afligidos y tienen deseos de una vida digna, justa, en paz, solidaria y con oportunidad para todos”.
En el mensaje, con el significativo título “¡Sí a la cultura del encuentro!”, los obispos recuerdan que el Evangelio nos ofrece “el camino de la fraternidad que se realiza en la búsqueda del bien de todos y en la aportación a la construcción de la casa común”, y ponen de manifiesto las preocupaciones y los sufrimientos del pueblo con el que caminamos. “El pueblo sufre cuando sus autoridades dilatan, postergan y provocan incertidumbre sobre temas decisivos que hacen la gestión de un país” afirman, subrayando que “son precisamente los que nos gobiernan quienes están llamados a garantizar los derechos de todo ciudadano con una actitud de escucha auténtica para una convivencia pacífica, dialogante, con responsabilidad y procurando el bien común”.
Citando la invitación del Papa Francisco, en la Encíclica “Fratelli Tutti”, a la “cultura del encuentro” y no al aislamiento y la cerrazón en uno mismo, los obispos manifiestan su preocupación por la situación que atraviesa el país, “por el desencuentro y la confrontación, exacerbada por la violencia desmedida motivada por fines políticos de contraposición”, que como respuesta provoca un aumento de la misma violencia y la desintegración social. Por ello, como pastores, piden que se promueva una “cultura del encuentro” que conduzca a la realización de las legítimas expectativas del país en un clima de convivencia pacífica y serena, y llaman al desarme de las posiciones violentas. “El bien de todos debe prevalecer y solo trabajando juntos, superando dificultades y posiciones contrapuestas, podremos vislumbrar un porvenir de país”.
En la parte final del mensaje, los obispos exhortan a la esperanza, “que nos pone en camino y nos da fuerza para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables” y piden a las comunidades cristianas que “intensifiquen en estos días su oración y su compromiso con la promoción de la cultura de la fraternidad y del respeto a los derechos humanos”. “Que la ya cercana Natividad de nuestro Salvador nos encuentre construyendo y trabajando por nuevos y renovados caminos de escucha, respeto, y tolerancia; así podremos aprender a vivir en el perdón y el amor para que aumente nuestra capacidad de convertirnos en personas de paz”.
Desde el 22 de octubre, Bolivia está en huelga indefinida para exigir que el gobierno realice el Censo de Población en 2023 en lugar de 2024. Iniciada en la región de Santa Cruz, motor económico del país, la huelga se ha extendido a otras regiones, provocando incluso violentos enfrentamientos entre partidarios y opositores al gobierno de Luis Arce, que han adquirido una connotación política .
La Defensoría del Pueblo ha comunicado que “reconoce que todas las manifestaciones sociales son legítimas”, pero ha rechazado “la intransigencia de los protagonistas del conflicto” que mantienen los cortes de carretera, instándoles “a no cometer actos de violencia en el ejercicio de su derecho a la protesta”. También han instado a la policía boliviana a realizar su trabajo “en el marco de la legalidad”, en proporción a las necesidades, y a “proteger la integridad” de los hombres de uniforme pero sobre todo de los ciudadanos.

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